Sergio Palazzo acepta sin chistar la entrevista. “Me imagino lo que me vas a preguntar, nos está pegando hasta en los dientes”, dice por las durísimas advertencias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los sindicalistas.
Es que el mendocino Palazzo es parte de la cúpula de la CGT desde hace un año y medio, cuando al mes de ser electo secretario adjunto de la Bancaria se tuvo que hacer cargo del gremio por el procesamiento -con cárcel- de Juan José Zanola, el primero de los popes sindicales que empezó a sentir el rigor de la Justicia por el caso de los remedios truchos.
La entrevista fue un día antes de que la CGT se reuniera para decidir que se apoyará la reelección de Cristina pero “sin obsecuencias”. En su despacho en el microcentro porteño, Palazzo cuenta que ya no vive en Mendoza; se mudó a una casa en El Palomar (conurbano) y a su provincia de origen regresa cada quince días ya que parte de la familia (dos hijos) no migró.
Se impone hablar sobre Zanola, quien tuvo otra mala noticia ya que la Cámara Federal porteña no aceptó el pedido de excarcelación ni tampoco el de prisión domiciliaria. “Hay un ensañamiento, es un hombre de 76 años con un delicado estado de salud ya que tiene un EPOC. El Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional, prevé la prisión domiciliaria para estos casos”, dice.
-¿Por qué habla de ensañamiento?
-Creo que hay un preconcepto que se inició con una fuerte campaña mediática en un tema que sin dudas es muy sensible: la mafia de los medicamentos. Pero acá hay casi un linchamiento público y nadie espera la resolución de la investigación judicial. Creo que el principio de inocencia que consagra la Constitución no ha sido tenido en cuenta.
-¿Usted cree que hubo algún contacto real entre el juez Oyarbide y la Casa Rosada, en tanto que fue el mismo magistrado que cerró las causas por enriquecimiento ilícito que tuvo Néstor Kirchner?
-No, no creo que haya algún contacto.
-Usted tuvo que declarar el 30 de marzo. ¿Está imputado?
-Se llamó a las autoridades del gremio a una declaración indagatoria. Me imputó haber incumplido funciones como miembro del Consejo de Administración de la obra social, pero ese cargo yo nunca lo ejercí, el juez estaba mal informado. Además, me imputó haber incumplido mi cargo como secretario adjunto de la Asociación Bancaria, pero suponiendo que yo ejercí el cargo durante la etapa que comprende la investigación de los delitos, pero le contesté que soy secretario adjunto desde octubre de 2009 y el período de investigación es hasta setiembre de ese mismo año. Antes sólo era secretario de Acción Social y Deporte.
Espero que la resolución del juez no tenga consecuencia jurídica para mí, no debería tenerla.
-A la Asociación Bancaria se la vincula con la Droguería San Javier, que está involucrada en la mafia de los medicamentos y el Policlínico Bancario tenía remedios vencidos o truchos de esta droguería.
-Creo que a nuestra asociación se le puede objetar que le compramos a una empresa vinculada con esta situación, pero hay que aclarar que estaba autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. El propio Moyano, cuando se inicia la investigación, le pidió a Graciela Ocaña (por entonces ministra) una lista con las droguerías habilitadas y allí estaba San Javier.
Si el Estado tiene alguna sospecha o una confirmación de que se comete un delito tan aberrante como es la adulteración de un medicamento, y más para pacientes graves, debe tomar cartas en el asunto y como mínimo no habilitarlas. En la gestión de Ocaña se le quitó la licencia para operar en el interior a San Javier, pero se le dejó en Capital Federal.
-Algunas obras sociales tenían troqueles de pacientes que no existían. Esto es parte de otra causa.
-Lo tiene que investigar bien la Justicia porque de acuerdo a la normativa vigente es el presidente o el vicepresidente de una obra social el que tiene que firmar la solicitud de reintegro de fondos que se manda a APE.
El juez ha determinado que los troqueles son falsos porque tuvo que pedir una pericia a la Policía Científica. Por eso mismo el titular de una obra social, que no es un experto, no puede determinar que el troquel es verdadero o falso.
Lo delicado sería que no exista el paciente, la patología, o que no haya recibido el medicamento.
-¿Cree que hay una movida del Gobierno nacional de alejarse del sindicalismo que está siendo cuestionado porque es un año electoral?
-Si fuera ése el pensamiento sería un error. Porque la suma de voluntades expresadas en el voto puede significar un proceso electoral más cómodo para el Gobierno pero, en definitiva, cuando te toca gobernar, se hace con el respaldo de los votos conseguidos pero también con los factores de poder que existen en la sociedad y allí están los sindicatos.
A mí no me preocupa que haya un cuestionamiento a algunas conductas del sector sindical, por ejemplo veo que la crítica más fuerte de la Presidenta es para que se cambien los métodos de protesta ya que los paros, piquetes y marchas son nocivos para la sociedad. Pero lamento no haber escuchado cuál es la crítica que en particular le realiza al sector empresario cuando sube los precios. Porque los trabajadores terminan haciendo paros, movilizaciones y protestas porque pretenden recuperar el poder adquisitivo que la inflación le carcome.
Observo que en la misma crítica (presidencial) no hay una virulencia para con el sector empresario porque sube los precios de manera desmedida.
-¿Será porque la suba de salarios dispara la inflación?
-Los salarios no son inflacionarios, eso es una mentira, lo mismo que decir que las regulaciones a los privados les quitan la posibilidad de tener rentabilidad maximizada. La prueba de ello es el sector financiero, que es el más regulado, y sus ganancias crecieron 49% en el último ejercicio.
Inflacionario es otra cosa: que los formadores de precio busquen maximizar las ganancias sin un control del Estado.
-Usted asistió con Moyano y la cúpula de la CGT el 3 de mayo a la Casa Rosada. ¿Cristina estaba preocupada por la inflación?
-No se tocó el tema. La Presidenta manifestó su preocupación por los niveles de conflictividad gremial.
-¿Por qué cree usted que el Gobierno no desarrolla una política antiinflacionaria y solo cuestiona la virulencia de la puja salarial?
-Creo que el Gobierno hasta ahora llevó adelante una política que tiende a beneficiar el consumo interno y la exportación de ciertos productos para asegurar la rentabilidad externa.
En ese escenario no le ha ido mal porque se ha podido recuperar el empleo y en algunos casos los trabajadores hemos podido recuperar poder adquisitivo a través de las paritarias. Pero esto ha empezado a generar inflación.
La Presidenta intenta transmitir que si se desmadra la puja salarial y la inflación, correría riesgo el modelo, por eso creo que hay preocupación por el tema en el Gobierno. La salida que busca es morigerar el nivel de conflictividad, ahora si esto resulta o no lo veremos en cuestión de meses.
-¿Acompaña el pedido de la CGT para ocupar puestos clave en las listas del PJ?
-Aquellos compañeros que tienen un desarrollo político territorial me parece bien que tengan presencia en las listas.
Pero no me parece un tema de vida o muerte porque tener 15 diputados nacionales no cambian el escenario político.
La fuerza del sindicalismo radica en ocupar puestos en los ámbitos de poder donde se toman las decisiones, en cargos ejecutivos.
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